Se amparan indígenas contra mineras

Pueblos de origen náhuatl interpusieron tres demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en las que reclaman que sus derechos han sido afectados por el Estado mexicano por la expedición de títulos de concesión minera en sus territorios ancestrales en Puebla y Colima.

Los tres juicios de amparo fueron admitidos y se otorgó la suspensión de las concesiones mineras a favor de los pueblos indígenas, explicó Itzel Silva, abogada de Fundar, uno de los organismos que apoyan a estas comunidades.

“Esto es un hecho de suma importancia, pues significa que mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades tendientes a la explotación”, comentó.

El 17 de marzo pasado, detalló Leonardo Durán del Consejo Tiyat Tlali, el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, en el estado de Puebla, interpuso su amparo y fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la capital de esa entidad.

El pueblo náhuatl de la comunidad de Zacualpan, Colima, hizo lo mismo el 24 de marzo. El recurso lo admitió el Juzgado Primero de Distrito con sede en Colima; mientras que la comunidad de Tecoltemic, ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, cerró el ciclo de amparos el 7 de abril al presentar su demanda, que fue aceptada por el Juzgado Cuarto de Distrito.

Estas acciones se suman a las que han sido emprendidas anteriormente por los pueblos wirrarika y el me´phaa, quienes también han interpuesto demandas para defender su territorio de la actividad minera.

El grupo de indígenas, que están apoyados por distintas organizaciones civiles, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Fundar, afirmó que la Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras.

“Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, dijo el grupo.

La Rema ha documentado que en la comunidad Carrizalillo, Guerrero, la minera canadiense Goldcorp ocupa actualmente más de 85% del territorio del ejido, mientras que “lo poco que todavía no ha sido destruido está contaminado”.

Señaló que 70% de la población presenta afectaciones por la actividad minera y en algunos casos toda la familia está enferma debido a los problemas de salud que ha causado.

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