Sí, es posible. Reforma al campo, sin tocar la Constitución

Un campo más justo, productivo, rentable y sustentable es la premisa que el gobierno federal emplea para referirse a la reforma al campo, pendiente entre las que ya fueron aprobadas.

A iniciativa del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, la discusión del conjunto de reformas que involucra a más de 60 leyes vinculadas al campo podía seguir haciendo fila en tanto se autorizaba el paquete económico del país para el 2015. Esto ya sucedió.

En un país donde el ingreso de sus 3 millones 41,000 campesinos es apenas de 33 pesos por día, sólo se cultiva 11% de su territorio; 45% de este ya presenta algún nivel de degradación del suelo, y que ocupa el lugar 44 en producción mundial de maíz, su principal sustento, es difícil entender la postergación de quienes dicen “jugársela con los pequeños productores”, como ha declarado el titular del Ejecutivo.

Es en este contexto, donde se han venido discutiendo los 19 ejes temáticos de la propuesta de re- forma, ejes que a consideración de Gonzalo Chapela, catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo, no son ejes de reforma al campo, sino de una reforma agropecuaria, “una reforma del campo rebasa con mucho una serie de temas que son básicamente de agronegocios, ni siquiera agropecuario, y mucho menos de de- sarrollo rural integral”.

En opinión de Chapela, quien también funge como consultor independiente, la gran reforma agraria es la reforma energética y sus leyes secundarias, al abrir la puerta a la figura de la expropiación de tierras, aunque le llamen ocupación temporal, “eso es una expropiación por la vía de los hechos”. Asimismo, destacó que esto significa el fin del pacto social que viene desde la Revolución, donde había un sistema no sólo de tenencia, sino de gestión, donde cabían todos los agentes.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS?

En opinión del especialista, en la transformación del campo, es necesario:

1. Construir un sistema de salvaguardas, que permita una red institucional con mecanismos efectivos de defensa de los intereses de las comunidades y de los productores que son mucho más vulnerables y tienen mucho menos capacidad política para defender sus intereses, donde la función constitucional del Estado es arbitrar y emparejar el terreno de la disputa por los recursos y las decisiones.

2. Revisar la calidad del gasto, a fin de identificar cuánto está destinado y quiénes capturan estos gastos. El objetivo sería pasar de los subsidios de activos físicos a apoyos de infraestructura de uso colectivo, incluyendo activos de conocimiento, para que los productores menos favorecidos puedan acceder a procesos que los constituyan en actores viables dentro de las condiciones mercantiles que rigen actualmente. Este cambio de activos privados a activos públicos permitiría reducir el carácter regresivo de la política fiscal.

3. Examinar la política social, que a final de cuentas es asistencialismo y “manda a los productores pequeños a la caridad pública, a la limosna, prácticamente.”

Con base en estas premisas, dice Gonzalo Chapela, es oportuno pensar el campo desde la perspectiva de desarrollo rural integral, que tome en cuenta las cuestiones de salud, seguridad, cultura, educación y vivienda.

“Esto sí nos daría una cuestión de desarrollo con enfoque territorial, y eso no se ve por ningún lado en las propuestas que está haciendo el gobierno, que me parecen muy limitadas, rezagadas históricamente en cuanto a la evolución de los conceptos y la adecuación a las condiciones contemporáneas de la población rural y de los pro- cesos del campo.”

LA CONSTITUCIÓN

Consultado respecto del cimiento jurídico de la reforma, el catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo comentó que no es necesario tocar la Constitución para que siga avanzando un proceso que ha sido prácticamente expropiatorio del protagonismo de las utilidades de los campesinos respecto de sus trabajos y de sus tierras a través de otros medios.

“No es un asunto de leyes, yo diría que se tiene que revisar qué es lo que se tiene de leyes y todo lo que no se cumple. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable no la estamos cumpliendo. La reforma del 2011 no ha tenido reglamentación. A 13 años de la Ley de Desarrollo Rural no tenemos su reglamento. A cinco años de la reforma en derechos humanos no tenemos ley de derecho a la alimentación”, concluyó Gonzalo Chapela, consultor en materia agrícola.

En un país donde 70% de la población campesina se ocupa en el cultivo del campo y produce cerca de 40% de los alimentos, la reforma del campo seguirá esperando en tanto escucha cantar su turno para pasar a la mesa de atención.

Con información de: Inegi y El Economista.

CIFRAS

Entre 2,500 y 4,000 millones de dólares anuales gasta México en importaciones agroalimentarias.

3% del PIB es aportado por el campo.

20% de la población del país vive en el campo.

46% de los alimentos que el país consume hoy en día son importados.

34% de los granos de consumo nacional se adquieren de fuera.

 

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