Presentan focos rojos de la reforma energética que atentan contra el ambiente y los derechos humanos

  • La reglamentación de la reforma antepone las ganancias por proyectos de hidrocarburos y de electricidad al interés público de proteger el ambiente y los derechos humanos.
  • Se ponen en riesgo zonas productivas y de conservación, así como a comunidades, pueblos indígenas y propietarios de la tierra.

 

Organizaciones de la sociedad civil y especialistas advirtieron que la reforma energética contiene aspectos que ponen en riesgo a las áreas sin planes de manejo en el país, y atentan contra derechos humanos y sociales. La principal razón para ello, indican, es que las propuestas para las leyes secundarias de la reforma priorizan la obtención de beneficios económicos a partir de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica.

 

Dichas propuestas representan focos rojos en temas como el combate al cambio climático, la promoción de las energías renovables, la fracturación hidráulica (fracking), el derecho a la consulta y participación, así como los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano. Así lo señalaron en conferencia de prensa el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

 

“Priorizar los hidrocarburos y la energía eléctrica por encima de las demás actividades desconoce que proteger el ambiente, producir alimentos y conservar el agua también son de interés público; por ende, cualquier reglamentación en este sentido es peligrosa porque da carta blanca a esos rubros sin considerar sus posibles impactos a los derechos humanos y al ambiente”, afirmó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA.

 

Por su parte, Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas de CEMDA, dijo que “para evitar impactos sociales negativos, es preciso establecer un marco para diseñar una política socio-ambiental donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas; esto se lograría mediante esquemas transparentes de negociación, acuerdo y pago de contraprestaciones, y con la participación efectiva de las comunidades en la toma decisiones bajo el marco de derechos humanos.”

 

Agregó que”la relación agua-energía es muy estrecha pues todas las fuentes de energía -la electricidad entre ellas- utilizan agua en todas las fases de su proceso productivo, y el paquete energético tiene importantes consecuencias en el uso y aprovechamiento del agua.”

 

A pesar de que la reforma de febrero del 2012 al artículo 4° constitucional para garantizar el derecho humano al agua mandataba la publicación de una Ley General de Aguas dentro de los 360 días siguientes posteriores a la reforma, al día de hoy esto no sólo no ha sucedido, sino que se pretende reformar a la vigente Ley de Aguas Nacionales, lo cual es un mensaje claro de que el Estado mexicano está ignorando su deber de proteger, garantizar y respetar el derecho humano al agua a través de la publicación de una nueva ley.

 

Las organizaciones y especialistas alertan en particular sobre la consideración que la reforma energética[1] hace que los hidrocarburos sean considerados de utilidad estratégica y prioritaria sobre cualquier otra actividad de aprovechamiento de la superficie o del subsuelodel país. Esto afectaría a todas las personas que también realizan actividades de aprovechamiento sobre una superficie (agricultores, ganaderos, comunidades y pueblos indígenas, y comunidades forestales). Las zonas como corredores biológicos, que permiten actividades de conservación y de aprovechamiento en función de la conectividad de ecosistemas quedan en riesgo bajo la reforma energética que privilegia la exploración y explotación de hidrocarburos.

 

Esto implicaría que los derechos a la propiedad se verían afectados[2], al suponer que “las personas dueñas de las tierras no cuentan con opciones para no venderla y están obligados a someterse a la compraventa de la tierra o, en su caso, al establecimiento de una servidumbre legal ya sea a través de una mediación entre las partes o por medio de una sentencia judicial,” agregó el analista de CEMDA.

Relacionado con este punto, resulta fundamental que las leyes se sujeten al aprovechamiento de la superficie o del subsuelo al cumplimiento de los usos de suelo, criterios ecológicos establecidos en los programas de ordenamiento ecológico, en los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y en figuras como los corredores biológicos. Lo anterior permitirá brindar certidumbre jurídica para todos los involucrados, evitar poner en riesgo la política ambiental del país y lograr un crecimiento sustentable.

 

Otra amenaza grave es la que supone el artículo 7º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA), puesto que esta agencia tendría la facultad de autorizar en materia de impacto ambiental en los casos de “tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos; aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales”.

 

Por su parte Tania Mijares García, directora de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE), describió que el sector energético es el principal emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI) de México con el 69% del total y el país se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en 30% para el año 2020 y en un 50% para el año 2050[3]. Sin embargo, recalcó que “En México, hoy en día hoy nos cuesta más energía crecer económicamente que hace 10 años. Si continuamos con este nivel de instensidad energética, la demanda total de energía podría aumentar más de un 50%, es necesario que el gobierno federal trabaje con los municipios para promover programas locales de eficiencia energética y que se convierta en un ejemplo al transformar todos sus edificios y flotillas en eficientes energéticamente. Recordó que “México tan sólo cuenta con una capacidad de generación de 4.2% de su energía (2012) por medio de fuentes renovables y que para cumplir con las metas de transición energética intermedias para el 2024, debe incrementar en 15.1% su capacidad de generación y en un 18.5% su capacidad instalada.”

 

 

A pesar de ello, las propuestas de las leyes secundarias no han retomado de manera efectiva estas metas, por lo que, aprobar las leyes secundarias sin incluir una política climática y privilegiando la extracción de hidrocarburos del subsuelo, representaría un serio retroceso y desarmonización de los compromisos legales a nivel nacional e internacional. De producir los 60,000 GW/h que suman todas las tecnologías disponibles en México, el incremento del PIB sería de 346,100 millones de pesos, se crearían 150,000 nuevos empleos[4] y la recaudación fiscal sumaría los 23,000 millones de pesos[5].

 

Finalmente, las organizaciones hicieron énfasis en el tema de la fracturación hidráulica en donde explicaron que diversos estudios han determinado que el denominado fracking tiene los siguientes impactos ambientales: 1. Manejo de millones de litros de agua para fracturar la roca con la presión necesaria; 2. Contaminación de las fuentes de agua; 3. Contaminación del subsuelo por la acción de aditivos químicos nocivos; 4. Deterioro de la calidad del aire; 5. Aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución[6]; 6. Uso de grandes cantidades de energía para el transporte y, 7. Eliminación de residuos. Esto independientemente de los riesgos asociados a la salud pública como resultado de la contaminación generada por esta actividad. Por lo anterior, la extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas de lutitas puede obstaculizar la transición energética hacia una matriz sustentable y no traer beneficios claros al país.

El juego sucio de la Reforma Energética: Los 10 focos rojos http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/cemda_focos_rojos.pdf

La Reforma Energética: Sustentabilidad, Derechos Humanos y Energías Renovables: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/Resumen-Ejecutivoweb1.pdf

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Informe de Activdades del compañero Max Agustín Correa Hernández como coordinador del Congreso Agrario Permanente en el periodo de Abril del 2013 a Enero del 2014 y la organización y desarrollo del

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