La vía legal, opción de pueblos indígenas para revertir "el despojo de sus tierras"

Ante el despojo de sus tierras y territorios a los pueblos y comunidades indígenas en México, perpetrado por empresas estatales y multinacionales, existe la posibilidad de defenderse por la vía jurídica, no obstante que el país carece de una legislación específica.

Así lo afirma el historiador mixteco Francisco López Bárcenas, quien aborda tal problemática en el libro ¡La tierra no se vende!: las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México, editado por los centros de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas y de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, entre otros organismos.

La presentación será hoy a las 17:30 horas en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles (Francisco Sosa 202, centro de Coyoacán). Participan el periodista Hermann Bellinghausen y Benjamín Rubio, juez federal.

El especialista en temas indígenas y colaborador de La Jornada afirma que existen otros instrumentos que obligan al Estado a respetar esa propiedad de los pueblos originarios.

“Efectivamente –sostiene–, no hay una legislación nacional que trate esos temas. Sin embargo, lo que explico en el libro es que nuestro sistema jurídico no se compone sólo de las leyes que aprueba el Congreso”.

También están los tratados internacionales que firma el Presidente y ratifica el Senado, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala.

A lo anterior, agrega declaraciones como la de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre pueblos indígenas y también la jurisprudencia que emiten tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones que formula el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La tierra es madre

Podemos encontrar que internamente no hay mucho, pero si trae uno todas esas disposiciones y toda la jurisprudencia se verá que hay un abanico riquísimo de posibilidades de defensa, y eso es justamente lo que destaco en el libro, señala López Bárcenas.

Hay que ver al derecho como un instrumento de defensa que ligado a otros recursos, como la denuncia pública y el cabildeo, puede ser muy eficaz, como se ha demostrado en algunos casos.

Entre ellos, menciona el de los wixárikas en Jalisco, que tienen parada la actividad minera en su lugar sagrado, Wirikuta, y los huaves en el Istmo de Tehuantepec, que han logrado detener proyectos eólicos en esa región.

Hay que ver al derecho como instrumento de defensa que ligado a la denuncia pública y el cabildeo puede ser muy eficaz, señala Francisco López Bárcenas (en imagen del pasado abril)Foto Guillermo Sologuren

Nacido en la comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca, en la mixteca oaxaqueña, López Bárcenas destaca que un elemento central de su libro tiene que ver con la manera en que los pueblos y comunidades indígenas conciben y se relacionan con la tierra.

En la concepción de los campesinos y de los pueblos, la tierra es su madre; entonces no puede venderse, aunque estemos viendo que el capital avanza y algunos sí lo hacen, precisa.

“Pero la concepción final de esos pueblos y comunidades es que la tierra no tiene precio y no puede venderse; es el lugar donde uno nace y va a morir, un sitio sagrado, de donde proviene el agua para beber y vivir, un lugar donde se producen los alimentos.

Se tiene otra visión de la tierra, más holística, en la concepción indígena y campesina. Ese es un elemento muy fuerte para que no vendan la tierra y eso los hace muy fuertes, incluso es un elemento muy poderoso para su defensa.

El historiador emprendió la escritura de ¡La tierra no se vende! a partir de su condición de asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los Diálogos de San Andrés, donde llamó su atención el empeño del gobierno federal por no reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Sobre todo, porque en México se inventó un derecho de la propiedad originaria en favor de la nación y coinciden mucho los derechos territoriales con esa propiedad originaria, aclara.

Además, el país había firmado en 1995 el Convenio 169 de la OIT, en el que se incluyen los derechos territoriales en favor de los pueblos indígenas: Me llamaba mucho la atención esta contradicción del discurso gubernamental entre firmar, por un lado, ese convenio y negar, por otro, que hubiera derechos territoriales.

Otra motivación que dio pie al libro es que durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, se desató un sinnúmero de megaproyectos en el país que comenzaron a afectar mucho los territorios indígenas y, a la par, empezamos a ver una efervescencia de movimientos de defensa. Me pareció, entonces, que era importante tener sistematizado el derecho como herramienta que facilitara esa defensa, concluye el investigador.

 

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