La propiedad agraria en disputa

A veinte años de la reforma que en materia agraria realizó la administración de Carlos Salinas de Gortari y horas antes de dejar el cargo Felipe Calderón remitió otra iniciativa más al Senado en la que propuso modificar, derogar y adicionar la Ley Agraria, su finalidad: "concretar los objetivos" de la reforma de 1992 mediante la privatización de la propiedad ejidal al proponer el otorgamiento a los ejidatarios del derecho de propiedad y con ello la posibilidad de vender su parcela a un tercero. Propuesta que no debería causar asombro, si tan sólo tomamos en cuenta que ya en 2009 había pretendido desaparecer las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública.

Sin embargo, la cuestión principal ahora es que la nueva administración, a raíz de la aprobación en el Senado de su respectiva iniciativa para transformar a la Secretaría de Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha despertado una notable inquietud en el sector rural. ¿Cuál será la política que en materia de "desarrollo agrario" habrá de impulsar la reformada Secretaría responsable? Porque una cosa es que impulse la tutela de la propiedad social de la tierra y otra que sea el ariete para posibilitar el despojo de los propietarios ancestrales a cargo de grupos específicos de particulares que resultarían beneficiarios directos gracias a la privatización y apertura comercial de los antiguos ejidos, es decir, los grandes productores y terratenientes nacionales y extranjeros que cuentan con todo el capital humano, financiero y mercantil para adquirir las tierras ejidales y comunales y destinar sus productos a la exportación.

Hoy, como hace dos décadas y como ha sido siempre que se ha pretendido extinguir al ejido mexicano, estamos por abrir las puertas a los peligros que en otros tiempos creímos erradicados pues lamentablemente ha transcurrido más de un siglo desde nuestra Revolución y aún continuamos enfrentando los mismos añejos problemas, lo que no implica que la mejor solución sea regresar a las condiciones agrarias prerrevolucionarias, si consideramos que una de las mayores conquistas sociales fue la naturaleza y modalidades de propiedad agraria que consagró la Constitución Política de 1917, particularmente a raíz de la introducción del ejido y de la propiedad comunal como resultado de la lucha revolucionaria y del trabajo legislativo a cargo del Constituyente de 1916 que logró otorgar, ratificar y restituir a los pueblos y comunidades las tierras que les pertenecían de suyo desde antes de los tiempos coloniales.

México no está preparado para una transformación agraria que trastoque esta realidad jurídica y menos lo está su sociedad. Nuestro país sigue siendo eminentemente agrario, baste considerar que el 52 por ciento de la superficie del territorio nacional es de carácter rural. Los problemas endémicos que afectan al agro nacional son los que han vivido desde décadas atrás. Antes tendría el campo mexicano que ser rescatado y no existir la terrible desigualdad estructural que hoy padece, y aunque es loable toda intención y propuesta de cambio, la base debe ser el consenso social a partir de un riguroso análisis tanto de las causas como de las posibles consecuencias. Cada Nación es producto de su propia historia y aunque en la actualidad vivimos un proceso creciente de globalización en todos los órdenes, hay aspectos torales y sensibles en toda sociedad por las propias condiciones de su desarrollo histórico que requieren ser modificadas sólo a partir de que las necesidades y razones que les dieron origen estén ya atendidas y resueltas. Desoír las enseñanzas y experiencias de la historia, como señaló en la Italia renacentista Maquiavelo, conduce a los pueblos a cometer los mismos errores, y si hoy en día una vez más se llega a atentar contra lo que resta de las figuras jurídicas de la propiedad ejidal y comunal, invocando para ello razonamientos basados en una presunta modernización del agro mexicano, las consecuencias sociales, económicas y políticas pueden ser de enormes dimensiones.

Con gran intensidad, compromiso y trabajo en favor de los campesinos y grupos indígenas se vivieron las primeras cinco décadas del reparto agrario postrevolucionario, particularmente de 1920 a 1970. Los problemas fueron emergiendo cuando el Estado no logró encontrar la vía para impulsar la capitalización del agro a través de los propios núcleos campesinos, comunales y ejidales, cuando fallaron las estrategias por culturizar a los pequeños productores en las nuevas técnicas agrícolas y no hubo programas de crédito adecuados que lograran impedir el empobrecimiento y endeudamiento campesinos. Al final la reforma agraria terminó desvirtuada, rezagada, alejada de sus objetivos y mística originales y reducida a un mero recurso de demagogia política del gobierno en turno. Pero ello no significa que haya sido un fracaso. Fracasó la continuidad y la falta de inversión estatal que permitiera a la base campesina dar el salto productivo que se requería. Hoy además el campo está siendo abandonado, entre otros factores porque sin capital ni crédito es imposible trabajar en él, de ahí que cruzar la frontera con los Estados Unidos de América sea la meta de quienes abandonan sus sueños de cultivar la tierra en pos de alcanzar el milagro norteamericano.

En consecuencia, la solución a los problemas que enfrenta nuestro campo no se encuentra en la privatización del ejido y de las tierras comunales -pensemos sólo cómo su pulverización en las recientes décadas ha contribuido a incrementar la crisis productiva que enfrenta- y desnaturalizar o pretender extinguir la propiedad ejidal y comunal en estos momentos sólo contribuirán a fomentar un neolatifundismo que agudizará la disparidad social. Uno de los principales retos de la nueva administración es alcanzar la impostergable modernización agraria y del campo mexicano a partir de lograr la autosuficiencia agraria y financiera integrando al sector agrario en pleno.






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Informe de Activdades del compañero Max Agustín Correa Hernández como coordinador del Congreso Agrario Permanente en el periodo de Abril del 2013 a Enero del 2014 y la organización y desarrollo del

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