Jornaleros, olvidados en litigio en empresa agrícola de Sinaloa

Siescientos jornaleros agrícolas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, entre ellos 23 familias completas con 26 niños, quienes viven en el campo Santa Elena, quedaron en medio de la disputa entre los hermanos Espinoza Pablos, fundadores de la empresa Espinoza Pablos Sociedad Agrícola SA (EPSA), y la filial mexicana de Andrew and Williamson Fresh Produce (AW).

El campo Santa Elena está en el kilómetro 10 de la carretera Culiacán-Navolato, muy cerca de la zona urbana de Culiacán. Ahí se encuentra también la cuartería donde viven por periodos de tres a seis meses –según su contrato– los jornaleros que ya empezaron la cosecha de 7.5 millones de kilos de jitomates cherry, grey y saladet del ciclo que se inició en septiembre y concluye en mayo del 2017.

En tanto, las obras para albergar a otros 600 jornaleros a partir de enero, cuando empieza la temporada fuerte de la cosecha, están detenidas. Y los 600 que llegaron hace uno o dos meses para trabajar en esta temporada colocaron banderas rojinegras en la entrada para tratar de impedir el inminente desalojo, aunque la Junta de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa (Jcaes) ha rechazado su emplazamiento en tres ocasiones.

Las 126 hectáreas de cultivos fueron puestas a remate el 10 de octubre pasado por orden de las autoridades laborales, a raíz de un embargo a favor de Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos por 61 millones 879 mil 956 pesos.

Williamson debe pagar a los hermanos Espinoza Pablos de indemnización por despido injustificado más de 121 millones de pesos, por órdenes de la Jcaes.

Fausto Rubén Ibarra Celis, presidente de la Jcaes, ha sido acusado de ponerse del lado de los hermanos por orden del gobernador Mario López Valdez.

La junta, que depende directamente del secretario de Gobierno estatal, dio por buena información según la cual uno de los hermanos, que era administrador único de EPSA, ganaba unos 48 mil pesos diarios (más de un millón de pesos al mes, más del cuádruple que el salario del presidente Enrique Peña Nieto).

Con las 126 hectáreas incluidas en la condena contra Williamson, los Espinoza Pablos pretenden cobrarse más de una decada de alianza con su socio (2002- 2013), la cual concluyó con denuncias por robo contra los hermanos en México y Estados Unidos (en Sinaloa no han prosperado; en una corte de California habrá una audiencia el próximo 3 de enero).

En septiembre de 2013, los extranjeros dijeron estar cansados de no obtener ganancias, por lo cual rompieron la sociedad, liquidaron a todos los trabajadores y acusaron a sus ex socios de malos manejos.

EPSA, la empresa que formaron los Espinoza Pablos para asociarse con los Williamson y administrar las 600 hectáreas que acordaron rentar sólo fue de papel, pues carecía de bienes.

Una investigación del semanario Ríodoce descubrió que la firma hortícola se formó con 49 por ciento de acciones para María Daniela Elías Dabdoub (esposa de José Gonzalo Espinosa Pablos) y uno por ciento para David Elías Dabdoub, con el nombre de Agrícola EPSA SA de CV.

Según el acta registrada en la notaría pública número 30, la sociedad tendría un administrador único, José Gonzalo Espinoza Pablos, y el comisario de la sociedad sería su hermano, Carlos Armando.

Al aliarse con los Williamson, la empresa se restructuró, con 60 por ciento de las acciones para el consorcio estadunidense; 39 por ciento para María Daniela Elías Dabdoub y uno por ciento para su hermano David Elías.

AW, accionista mayoritario, era el encargado de inyectar capital en EPSA y de elaborar sistemas y estrategias de producción. Los hermanos se encargaban de labores directivas y de logística.

Durante el pleito laboral y judicial, los trabajadores colocaron las banderas de huelga un día después del 14 de noviembre, cuando los Espinoza Pablos llegaron al campo con ocho policías ministeriales en las patrullas 2424 y 2684, un actuario de la Jcaes y sus abogados, y saquearon la empacadora con el argumento de que iban a embargar, pero no presentaron documentos.

Amenazaron con tirar las puertas si no les abrían y aún no tenemos por parte de la autoridad un inventario de lo que se llevaron. El actuario se metió, trajeron un cerrajero y empezaron a saquear, narró el abogado que lleva el caso de los Williamson.

Se llevaron todas las computadoras y tarjetas electrónicas que permitían el funcionamiento de las bandas empacadoras, así como equipo que selecciona automáticamente los jitomates de cuerdo con su color; desmantelaron el cuarto frío y cargaron con grúas los 540 contenedores de producto valuado en 2 millones 430 mil dólares.

Extraoficialmente, el costo de lo que se llevaron asciende a 10 millones de dólares porque también sustrajeron los programas de cómputo que controlan el proceso de empaque.

El embargo se hizo justo el día en que se iniciaba el proceso y empezaban a llegar los primeros contenedores con el jitomate, precisó uno de los trabajadores de guardia, quien dijo que llegaron a las 9 horas y se fueron después de las 16.

Creímos que nos iban a desalojar. Empezamos a recoger nuestras cosas y algunos compañeros prefirieron irse porque les dio miedo que al otro día regresara la policía por nosotros, comentó.

Los jornaleros de Santa Elena van a trabajar todos los días al campo Costa Rica –que los Williamson rentan al padre de María Daniela Elías, suegro de José Gonzalo–, un rancho de 49.2 hectáreas donde los trabajadores cuidan y cosechan diversas variedades de tomate bajo la mallasombra, algunos a píe y otros en zancos, por 185 pesos diarios.

 

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