Desde las esferas del poder se emprende "el despojo de tierras", señala estudio

En el transcurso de 2015 los pueblos indígenas de México enfrentaron una difícil situación caracterizada por la criminalización de la protesta social, complicaciones para acceder a instituciones de salud, explotación laboral de jornaleros y políticas públicas de despojo.

Así lo señaló Juan Mario Pérez Martínez, especialista del Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al participar en la primera Feria del Libro Latinoamericano y Caribeño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa casa de estudios, organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos.

El especialista presentó una parte del capítulo dedicado a México –redactado por el PUIC– en el informe El mundo indígena 2016, que es un compendio anual elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, donde se señala que los indicadores nacionales de pobreza entre estas comunidades son todavía mayores a los de 2014.

Advirtió además que desde las esferas del poder se ha emprendido una política de despojo neocolonial de tierras y recursos, que ha llevado a los pueblos originarios a defender sus territorios.

Ante la falta de acceso a las instituciones públicas o privadas de salud, se ha presentado una nueva modalidad entre los indígenas que viven en las ciudades: atenderse en los consultorios que están a lado de las farmacias.

Además, la medicina tradicional que se ha usado ancestralmente es limitada y bloqueada por instituciones gubernamentales, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

El especialista enfatizó que un caso grave es que con mayor frecuencia la lucha por el agua es un problema que enfrentan las comunidades indígenas. Un ejemplo claro fue la oposición de la comunidad yaqui, en Sonora, a la construcción del acueducto Independencia, lo que generó además la criminalización de la protesta, la detención de algunos de sus voceros y líderes.

Un caso emblemático de abusos y violaciones a derechos humanos fue el de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, donde miles de trabajadores del campo, muchos de ellos indígenas, enfrentaban condiciones laborales similares a las que había antes de la Revolución. A ello se debe agregar que la violencia que vive el país ha expulsado a miles de personas de sus comunidades.

Finalmente, Pérez Martínez subrayó que una sociedad contemporánea, democrática y justa debe transitar por el respeto a su población indígena, lo que en México no sucede.

 

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