Se unen Sagarpa y Semarnat a firmas que buscan sembrar maíz transgénico

La batalla contra la siembra de maíz transgénico será larga, pues las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow AgroScience interpusieron 15 acciones jurídicas contra la demanda colectiva de 53 personajes y 20 organizaciones de productores, indígenas, ambientalistas, consumidores y defensores de derechos humanos, comentó René Sánchez Galindo, abogado del colectivo.

Del total de 15 acciones, el colectivo ha ganado tres y quedan 12 por resolver: cuatro apelaciones, dos amparos y seis impugnaciones contra el instrumento a que recurrieron el pasado 5 de julio las instancias mencionadas, bajo el amparo de la Ley de Acciones Colectivas, y el pasado 20 de septiembre el juez décimo segundo de distrito en materia civil del DF ordenó a Sagarpa y Semarnat abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación de maíz genéticamente modificado. Esta medida impide liberar maíces transgénicos en el campo en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, enfatizó.

Mireille Roccatti, abogada general de la Sagarpa, dijo que está atenta a lo que resuelva el juez. Sostuvo que los permisos otorgados son para siembras piloto y experimentales y están acotados a ciertas regiones. Sagarpa no pondrá en riesgo el maíz originario del país; estamos conscientes de la protección que se debe tener para la semilla. Los permisos están sujetos a muchos dictámenes científicos, los cuales debe evaluar la Semarnat.

Aseguró que ella ha estado en constante comunicación con los grupos opositores a los transgénicos: entiendo su postura técnica y científica, pues no es aceptable que (la siembra de maíz transgénico) se haga extensiva, pero hay regiones donde no es autóctono.

En tanto, Sánchez Galindo refirió que incluso Monsanto pretendió que el juez declarara improcedente la Ley de Acciones Colectivas, resultado de las reformas de 2010 al artículo 17 constitucional, y cuya normatividad secundaria abre la puerta para demandar en representación de colectividades determinadas o indeterminadas.

Agregó que las apelaciones contra la medida precautoria presentadas por Semarnat y Sagarpa carecen de sustento jurídico, ya que sus argumentos se dirigen a un mandato distinto al ordenado por el juez; están confundidos, dijo.

La sentencia en torno a dichas apelaciones se resolverán pronto, pero en caso de que les sea favorable recurriremos a otros recursos legales, pues no dejaremos de combatir contra la siembra del maíz transgénico y las 79 nuevas solicitudes que presentaron las empresas, advirtió.

 

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