Reforma energética facilita el despojo a comunidades; “¡salvemos el campo para salvar a México!”, piden campesinos

La reforma energética de Enrique Peña Nieto ha sido criticada por diversos motivos, desde el hecho de representar una medida entreguista, hasta el punto que su implementación significa un peligro para la sociedad, que a su paso dejará violaciones a los derechos humanos. En este sentido, uno de los sectores señalados de entre los  más afectados con esta reforma son los pueblos y comunidades indígenas, cuyos territorios son elegidos para la realización de proyectos de hidrocarburos.

Al respecto, Rosario Cobo, investigadora del Instituto Maya e integrante de Sin Maíz No Hay País, expresó su preocupación por la amenaza que representa la reforma energética para las comunidades campesinas, que ante las disposiciones legales que marcan a la actividad de extracción y explotación de hidrocarburos como preferente sobre cualquier otra, aumenta el riesgo del despojo.

“La nueva reforma les quita el derecho de la tierra y el subsuelo con los proyectos de explotación y la generación de energía a través de hidroeléctricas, por ejemplo, ahora vemos un fortalecimiento en la generación de energía eólica, que afecta a comunidades de Oaxaca, y todos los problemas del fracking que están apareciendo como una amenaza seria, sobre todo a los pobladores de estas regiones que están siendo fuertemente amenazadas”, dijo.

Cobo subrayó que el gobierno está imponiendo un proyecto de país que no quiere la sociedad. Manifestó que desde hace tiempo se ha iniciado el intento por arrebatar a las comunidades sus recursos.

“Reclamamos que nos están arrebatando todo: la tierra, el agua, el aire, los hidrocarburos, y no es de ahorita, en el campo lo estamos sufriendo desde hace más de 25 años. El artículo 27 cuando se reformó con Salinas, fue la entrada para privatizar el campo, para desconocer a los mexicanos que trabajan ahí.

Sin duda necesitamos reformas profundas, estructurales. Los mexicanos no tenemos el país que queremos, pero no son estas reformas que se están imponiendo con los gobiernos, no es esta reforma a la que jamás nos consultaron y la pusieron dándonos las espaldas. Necesitamos una reforma pero con una verdadera consulta popular. Nosotros decimos salvemos al campo para salvar a México, salvemos nuestros recursos para salvar a México”, expuso.

Por su parte José Herrera, integrante de la Central Campesina Cardenista, subrayó que con la reforma energética los campesinos son el sector más afectado, al diseñar una reglamentación que permite el despojo.

“La tierra se ganó mediante una revolución, y fue dotada la tierra en ejidos, y fue confirmada la tierra en las comunidades indígenas. Ninguna ley debe estar por encima de estos derechos originarios de ejidos, pueblos y comunidades. El Estado arbitrariamente, mediante leyes, modifica el artículo 27 constitucional. Esto trae como consecuencia una serie de incidencias y repercusiones totalmente negativas en el desarrollo de nuestros pueblos.

En el país existen alrededor de 32 mil ejidos, 3,500 comunidades indígenas que son dueños de sus tierras. Nadie tiene derecho a quitarles el usufructo, la propiedad de esas tierras. La comunidad indígena que durante siglos y siglos ha tenido pleno disfrute de sus bosques, de sus aguas, de su aire, de todo, de su cosmogonía espiritual, hoy se ven afectados (por esta reforma)”, señaló.

Añadió que el gobierno ha insistido que con la reforma las comunidades también ganarán a través de figuras como la servidumbre legal. Sin embargo, afirma, esta clase de discurso sólo es una artimaña.

“Como campesinos hemos hecho explicito que nuestro eje de lucha es la defensa de los territorios. Tenemos una oposición tajante a estas leyes. Hemos sostenido muchas reuniones con la SENER, con SEDATU, pero no nos conmovemos, ellos tienen muy definida su línea, su proyecto no de nación, sino de unos cuantos, de un grupo oligárquico que es el que decide y define qué es lo que debe ser el país.

Se nos dice que nosotros también vamos a ganar (con la reforma energética), que ahí está la ley  de servidumbre con la que vamos a ganar. Definitivamente es una artimaña, una forma de violentar y deteriorar los derechos de los pueblos.  Nosotros nos mantendremos firmes, defendiendo nuestros recursos, territorio, nuestra tierra porque ahí tenemos un patrimonio familiar, que ganamos a pulso y nadie nos puede despojar de eso.  El pueblo tiene la razón, pero la tenemos que defender”, dijo.

La reforma energética esta ideada para el despojo

Para Francisco Cravioto, integrante de Fundar, una de las principales preocupaciones con la implementación de la reforma energética es la proliferación de proyecto de fractura hidráulica o fracking.

El también integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, explicó que hoy en día existen alrededor de 900 pozos que utilizan esta técnica contaminante. Sin embargo, puntualizó, con la reforma la implementación de esta clase de proyectos va a crecer significativamente.

“En México ya existen más de 900 pozos de fracking, están distribuidos en todo el país. 500 de ellos sólo se encuentran en los estados de Veracruz y Puebla. Estos pozos fueron construidos sin la reforma energética. Esto fue de las labores previas a ésta privatización de los bienes de la nación.

Con la privatización que trae la reforma energética se abre una gran extensión del territorio nacional para que se dé la proliferación de este tipo de pozos. Entonces estamos contemplando un panorama en donde no sólo son los 900 pozos , sino decenas de miles de pozos que podrían estarse perforando desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, toda esta región del país”, dijo.

Añadió que con esta reforma se ve un panorama desolador, pues en muchos estados con potencial energético se contempla licitar grandes cantidades de territorio, poniendo en riesgo a las comunidades.

“Ya publicó la SENER su plan quinquenal, en donde establece cuáles son las áreas que piensa licitar en los próximos 5 años. Y están en alto riesgo prácticamente la mitad del estado de Nuevo León; más de la mitad del estado de Tamaulipas; una muy buena parte, como 60 %, de territorio Veracruzano está a punto de ser entregado; toda la huasteca potosina, toda la huasteca hidalguense, toda la huasteca veracruzana. Es un panorama muy desolador, precisamente para los pobladores que habitan el territorio donde estas áreas se van a entregar.

Según los cálculos que hemos hecho hasta ahorita, estimamos que 4 millones de personas se encuentra habitando los territorios que en los próximos 4 años, van a ser entregados en licitación para realizar proyectos de extracción”, expuso.

Cravioto subrayó que esta reforma atenta contra los derechos de las poblaciones, entre otras cosas, al poner a la actividad de la industria como preferente sobre cualquier otra.

“La ley de hidrocarburos en su artículo 96 declara que las actividades de extracción de hidrocarburos son de utilidad pública, de interés social, de orden público y que son preferentes por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del subsuelo. Entonces si una empresa consigue un contrato petrolero, eso quiere decir que en esa área, donde le entregaron el contrato, tiene derecho a realizar su actividad por encima de cualquier otra cosa que esté sucediendo en ese terreno, sea agricultura, ganadería, turismo, lo que sea. Entonces va la ley, desglosando, debilitando diversos derechos para que precisamente el contratista realice su actividad.

Lo primero que debilita la ley de hidrocarburos es el derecho agrario, argumento en el cual establece estas constituciones legales de servidumbre legal, y esta figura de la ocupación temporal”, apuntó.

A lo antes descrito añadió: “si en un momento un contratista llega a un terreno que tenga pequeños propietarios, o ejidos o comunidades, realmente estos no están en una posición de negociación, no hay nada que negociar.

“Lo que llega hacer la empresa es ofrecer un arreglo, tratando de acordar un precio por alquiler de la tierra, para poder desarrollar el proyecto. En caso de que este pequeño propietario, este ejido, esta comunidad rechace la oferta inicial del contratista, es muy sencillo: por un procedimiento administrativo-judicial simplemente obtiene el permiso para declarar la constitución de servidumbre legal u ocupación temporal, digamos no hay opción, se impone al campesino y se realiza la actividad y punto. No hay margen de maniobra para la gente que tiene la propiedad”, señaló.

Asimismo mencionó que con estos cambios constitucionales también se robustece la criminalización de la protesta al considerar puntos que ponen como criminales a quienes se resisten a los proyectos.

“A los municipios los delimita también, dice que los municipios tiene la obligación de facilitar y garantizar la entrega de todos los permisos para que se realicen estas actividades.

Y esto que les mencionaba que son actividades del orden público. ¿Qué pasa si se viola el orden público? Esto es: supongamos que una comunidad no está de acuerdo con la explotación y realiza alguna actividad para obstruir la realización la explotación, esa comunidad estaría violando el orden público y aquí tenemos un problema de criminalización de la protesta social. Ellos han sido muy hábiles. Realmente a través de esta reforma no consultada, porque es una reforma ideada para el despojo, se blindaron completamente para poder acceder a esta riqueza”, finalizó.

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Informe de Activdades del compañero Max Agustín Correa Hernández como coordinador del Congreso Agrario Permanente en el periodo de Abril del 2013 a Enero del 2014 y la organización y desarrollo del

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