POSICIONAMIENTO OFICIAL DE LA CCC SOBRE la #LeyDeSeguridadInterior

 

SEGURIDAD INTERIOR: ¿PARA QUIÉNES?

Posicionamiento público de la Central Campesina Cardenista

 

·      La Central Campesina Cardenista se suma a la denuncia social en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados.

·      En el Senado de la República los partidos de oposición deben demostrar su unión para frenar la Ley de Seguridad Interior: “rebeldía” de sus integrantes no puede ser excusa para respaldar al PRI y al Verde o les costará en 2018.

·      De aprobarse en el Senado la Ley, es deber de la CNDH y de las minorías parlamentarias en las Cámaras promover acciones de inconstitucionalidad.

·      En ese caso, la Suprema Corte de Justicia debe ratificar su compromiso con la defensa de los derechos humanos de la población e invalidar la Ley.

 

En México se alcanzó un adelanto importante en el reconocimiento y la defensa de los Derechos Humanos mediante la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en donde entre otras modificaciones obliga a todas las autoridades, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Esto cobra relevancia cuando el titular del Ejecutivo Federal envía a los órganos legislativos una iniciativa de Ley que concede al ejército facultades civiles policiacas sin contemplar mecanismos de contrapeso ni rendición de cuentas.

Lo anterior resulta grave y representa un peligroso retroceso a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, pues en la propuesta de ley se contemplan figuras como la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que otorga al ejército y al Ejecutivo Federal facultades a todas luces violatorias de los Derechos Humanos.

Ayer una mayoría en la Cámara de Diputados evidenció que no representa los intereses de la población de México, sino que trabaja al servicio de los intereses del gobierno y para proteger las demandas de seguridad de las Fuerzas Armadas.

Justificaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior bajo un razonamiento manipulado: que la seguridad es presupuesto de los derechos humanos. Postular la prioridad de la seguridad para poder salvaguardar derechos, así como poner a la paz y al orden público como pretextos para normalizar la actuación irregular de las Fuerzas Armadas, demuestra el uso faccioso del discurso de los derechos humanos, dado que invierte su razón de ser, pues en lugar de servir como medios para favorecer la mayor protección de las personas, se les emplea para defender a las instituciones. El argumento real para pasar dicha Ley fue dotar de seguridad a las Fuerzas Armadas, en pleno reconocimiento de que su intervención en tareas de seguridad ha transgredido al Estado constitucional de Derecho en nuestro país.

En el dictamen aprobado queda de manifiesto que la seguridad que se busca fortalecer es la de las instituciones que comanda la clase gobernante, por encima de las personas. Aunque la seguridad interior se califique como una parte de la seguridad nacional, y se pretenda distinguirla de la seguridad pública, únicamente por designio de la ley, lo que en los hechos permite es la militarización de México.

El análisis de las amenazas a la seguridad nacional, que si provienen del interior del país, se califican de amenazas a la seguridad interior, revela que es el combate a la delincuencia organizada por parte de las Fuerzas Armadas lo que se busca regularizar. Ello con el pretexto de defender en primer lugar la estabilidad de las instituciones, y en último término, a la población. Con ello sale a la luz que se busca emplear la Ley de Seguridad para violar los mandatos de la Constitución.

En cualquier caso, las Fuerzas Armadas no obtendrán la seguridad que probablemente les han prometido, pues sus abusos en contra de la población no podrán quedar impunes. Sin importar que el artículo cuarto transitorio que cierra la Ley aprobada pueda buscar utilizarse como una especie de ley de amnistía velada, la jurisdicción militar seguirá siendo incompetente para conocer de violaciones de derechos humanos cometidas contra la población, no obstante que las Fuerzas Armadas actúen en pro de la defensa de la seguridad interior del país.

En cambio, la Ley de Seguridad Interior que no brinda ese tipo de seguridad a las Fuerzas Armadas, sí propicia espacios de inseguridad para todas las personas. Ello a causa de que en su articulado se permite: (i) la intervención militar “por sí” sola, sin coordinación con las autoridades civiles; (ii) la intervención militar preventiva, so pretexto de los riesgos de que se presenten amenazas a la seguridad interior, sin necesidad siquiera de una declaratoria de protección; (iii) la ausencia de controles judiciales y no judiciales serios, previos a la intervención militar; (iv) acciones de “inteligencia” que pueden seguir solapando acciones de espionaje ilegal para la obtención de información; (v) la opacidad de todo lo que se haga en nombre de la seguridad; y (vi) la represión de movilizaciones de protesta.

En un país con situaciones de seguridad tan complejas como las que vivimos los mexicanos no pueden ser admisibles leyes retrogradas menos aún tratándose de instituciones tan importantes como las fuerzas armadas, un ejército de campesinos e indigenas, un ejercito del pueblo para defender al pueblo.

El legislador debe considerar los riesgos que para la institución militar representa asumir tareas como las que la Ley de Seguridad Interior contempla, pues puede ante determinados sucesos, recaer en ella actos de represión y hostigamiento por motivos políticos, y por intereses económicos, de grupos y empresas extranjeras que con las reforma energética y las concesiones mineras, realizan un sistemático despojo, destrucción y contaminación de recursos naturales y territorios de pueblos, ejidos y comunidades, y frente a lo cual diversas organizaciones oponemos resistencia pacifica y legal apelando a nuestros derechos humanos y ejerciendo protesta social;  y que por un acto de un formalismo mágico, de un truco legal, al nombrar a las tareas de seguridad pública como labores de seguridad interior, algo que por demás queda evidenciado en el artículo 27 de la Ley aprobada.

En este escenario, en el Senado debe pararse en seco este intento de militarizar la seguridad pública. La ahora aprobada por la Cámara de Diputados Ley de Seguridad Interior lejos de poner fin a la intervención del ejército en actividades propias de la policía, genera un mayor campo de acción a los elementos militares pues podrán aplicar acciones "preventivas" a su criterio, para intervenir contra protestas sociales si considera que no son pacíficas y si eso no fuera suficiente podrán realizar labores de inteligencia civil.

Si no sucede así, la Central Campesina Cardenista ratifica su compromiso para apoyar las acciones legales que lleven a juicio a esta Ley de Seguridad Interior violatoria de derechos humanos, así como para apoyar un costo electoral a sus impulsores.

 

Atentamente.

La tierra un su producto para quienes la trabajan”

CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA

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Informe de Activdades del compañero Max Agustín Correa Hernández como coordinador del Congreso Agrario Permanente en el periodo de Abril del 2013 a Enero del 2014 y la organización y desarrollo del

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