Los de este lado

No solo desde Estados Unidos se han escuchado voces que piden cancelar o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); en México, hay quienes han hecho ese reclamo durante años.

De este lado también hay quienes quieren terminar o cambiar con el acuerdo comercial que México tiene con Estados Unidos y Canadá, desde 1994.

Se trata de organizaciones campesinas que han denunciado por más de dos décadas los efectos negativos del TLCAN en las comunidades rurales del país.

Ahora, el anuncio de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, es una oportunidad para llevar sus demandas a la mesa de negociaciones.

Sin embargo, reconocen que más allá de la puerta que se abrirá con una posible renegociación del TLCAN, el verdadero reto está al interior de México, que debe revalorar a su sector agropecuario.

Con innumerables movimientos y protestas, las organizaciones campesinas y grupos de productores han reclamado que el campo mexicano ha sido desmantelado.

La migración hacia Estados Unidos, el desempleo, la pobreza y el aumento de la delincuencia han sido algunas de las consecuencias, no del Tratado en sí, sino de la falta de visión para manejar la política agropecuaria de México.

Los campesinos acusan que se ha preferido dar impulso a la importación y exportación de alimentos, en lugar de la autosuficiencia.

“Al campo mexicano se le prometió que iba a pasar del tercer mundo al primer mundo; y en realidad, después de 22 años, el campo está no en el primer mundo, sino en el inframundo”, sentenció Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Si bien es cierto que el sector exportador de alimentos tuvo un crecimiento exponencial, los pequeños productores han ido desapareciendo, con lo que se compromete la soberanía alimentaria del país.

Durante 22 años, México estuvo en un déficit alimentario; es decir, importaba más de lo que exportaba. Esto se rompió hasta el año 2015, cuando se tuvo un superávit de apenas 960 millones de dólares.

No es suficiente. Los líderes campesinos reclaman que el progreso llegó solo a unos cuantos y no para todos los campesinos del país. Se abatieron los monopolios estatales, pero se dio paso a los particulares.

Ahora, mientras la promesa de Donald Trump de cancelar o renegociar el TLCAN causa escozor en algunos sectores, para los productores agropecuarios es una oportunidad para mostrar que las promesas incumplidas del Tratado han puesto a México en una situación complicada por la dependencia que tiene con Estados Unidos.

El reto será que el Gobierno mexicano los escuche y los tome en cuenta no solo para mejorar las condiciones de comercio con Estados Unidos y Canadá, sino para cambiar las condiciones y se impulse el desarrollo agropecuario en México, con equidad.

Más daño que beneficio

Al igual que en México, algunas organizaciones de agricultores de Estados Unidos consideran que fueron muchas las promesas rotas del TLCAN y su actividad agropecuaria resultó con más daños que beneficios; mientras otros defienden el acuerdo comercial.

Para el Observatorio Público de Comercio Global (EU), desde las negociaciones del Tratado, su Gobierno prometió a los campesinos estadounidenses que tendrían más prosperidad al haber más comercio; sucedió todo lo contrario.

“Los agricultores de Estados Unidos no solo no ganaron, sino que varios de ellos sufrieron serios daños. El flujo del comercio sí se incrementó, pero las importaciones superaron a las exportaciones. Estados Unidos se convirtió en un importador neto de alimentos, con un déficit de 370 millones de dólares, algo sin precedentes”, expone el Observatorio en un análisis del TLCAN.

En los años 90, señala el Instituto para la Agricultura y la Política Comercial (EU), el gobierno estadounidense lanzó el llamado “Farm Bill”, un programa de subsidios que buscaba ayudar a las familias rurales; sin embargo, aunque la idea que se lanzó para los agricultores fue “hazte grande o hazte a un lado”, el programa acabó incluso repartiendo vales de comida.

Además del abaratamiento de los productos agrícolas, lo que pegó también a los agricultores fue la especulación de los commodities, lo que enriqueció a los intermediarios y empobreció a los productores.

“Existe un amplio reconocimiento entre el público estadounidense de la necesidad de cambiar las políticas alimentarias y agrícolas para asegurar alimentos más saludables y economías rurales más estables”, sostiene el Instituto en un análisis.

En cambio, agricultores industriales y exportadores de alimentos han pedido a Donald Trump, durante su campaña y ahora que es presidente electo, que tenga una política de apertura para fomentar el comercio global.

Entrevistado por la cadena estadounidense CNBC, el empresario agrícola y exportador Brett Crosby, señaló que las exportaciones han dado más valor a la agricultura estadounidense.

“Mi esperanza es que siga el camino de la desregulación de operaciones y negocios para hacerlos más competitivos en los mercados globales, en lugar de ir por el camino del proteccionismo.

“Hemos ganado mucho con el TLCAN. México y Canadá son grandes compradores de productos agrícolas de los Estados Unidos”, indicó.

El campo después del Tratado

Desde su negociación, el capítulo agropecuario del TLCAN fue el más complicado por la sensibilidad e importancia del sector.

La asimetría en las condiciones de desarrollo del campo mexicano respecto a Estados Unidos y Canadá provocó que la mayor parte del sector campesino se inconformara con la construcción del Tratado, aun antes de su firma.

A diferencia de México, los productores de Estados Unidos reciben importantes subsidios que les permiten ser competitivos; en el país, la mayor parte de los productores eran de autoconsumo.

La productividad por hectárea de los productores mexicanos era de una cuarta parte de la que se tenía en EU.

En un análisis del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República, se señala que la negociación en el capítulo agropecuario del TLCAN enfrentó una fuerte oposición de todos los sectores involucrados.

“Se dice que los productores de leche mexicanos solicitaron al gobierno un periodo de transición de 100 años hacia un régimen completamente liberalizado, 50 de exención de las provisiones del TLCAN y 50 de desgravación arancelaria progresiva”, refiere el estudio al dicho de Eduardo Bours en

una conferencia sobre el TLCAN, en 2014.

Bours era presidente del Consejo Nacional Agropecuario en los tiempos de negociación del TLCAN;

fue miembro del equipo negociador. Su empresa, Bachoco, ha sido una de las más beneficiadas con el acuerdo comercial.

Para intentar subsanar la desigualdad, los países negociaron que el inicio del libre comercio sería diferenciado por productos. En el caso del maíz, el frijol, el azúcar, la leche en polvo, los productos lácteos y avícolas, la apertura ocurrió hasta el 2008.

Se esperaba que entre 1994 y 2008 las condiciones del campo mexicano mejoraran. Para ello, el Gobierno federal comenzó con el Procampo –hoy Proagro- y otros programas de subsidios para apoyar a los campesinos. No funcionaron del todo.

Otra idea fue que se reconvirtieran las tierras de cultivo y pasaran de maíz o frijol a hortalizas o frutas. No se logró.

Tan solo ocho años después de la entrada en vigor del Tratado, las consecuencias comenzaron a ser visibles en las comunidades rurales.

Un estudio de la Cámara de Diputados, del 2002, ya hablaba sobre el deterioro de los indicadores sociales del 80 por ciento de los 25 millones de personas que dependían del campo; el descuido de la producción interna de alimentos; y la disminución del gasto y la inversión en el sector rural.

“El 80 por ciento de la dinámica exportadora se hace por 300 de 32 mil 592 empresas; los componentes nacionales son menores al 2 por ciento (…) En México, 1 de cada 4 trabajadores vive y labora en el campo, por lo que la reducción del poder de compra y/o de los subsidios provoca una crisis. De los productores de granos (85 por ciento), solo la mitad (3 millones) reciben Procampo”, explicaba el análisis.

Aunque las exportaciones de productos agropecuarios crecen exponencialmente año con año, también aumentaron las malas condiciones de los pequeños productores del país.

Las que crecieron fueron las empresas agroexportadoras, con posibilidades de competir. Los productores de autoconsumo o en pequeña escala, que eran la mayoría, vieron mermar su producción y calidad de vida.

El perfil del campo mexicano cambió en dos décadas. En 1994, el PIB agrícola representaba el 5.3 por ciento; para 2014, éste era del 4.3 por ciento.

La población económicamente activa ocupada en actividades del sector primario era del 25 por ciento en 1994; en el 2014 había bajado casi a la mitad, al 13.7 por ciento. México perdió a la mitad de sus productores agropecuarios.

Y los que continuaron, quedaron en una situación adversas. Cifras del Gobierno federal indican que seis de cada 10 habitantes de zonas rurales enfrentan condiciones de pobreza.

Según cálculos de organizaciones campesinas, más de seis millones de personas del campo tuvieron que emigrar a Estados Unidos por la falta de oportunidades. Esto se refleja en el crecimiento exponencial de las remesas que envían los mexicanos al país.

De acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en 1994 entraron a México 3 mil 475 millones de dólares por concepto de remesas; en el 2014, la cifra fue de 23 mil 607 millones de dólares. Un crecimiento de casi el 600 por ciento.

Muchos de los hijos de quienes emigraron, hoy jóvenes, no han tenido otra alternativa más que migrar a Estados Unidos, a las grandes ciudades o emplearse en actividades ilícitas, como el narcotráfico.

Las promesas incumplidas

Convertir a México en una potencia exportadora; abatir la migración, al crearse cada vez más empleos en el país; tener acceso a alimentos más baratos y de mayor calidad; terminar con los monopolios estatales que controlaban los precios; adquirir insumos y maquinaria más barata.

Todas fueron promesas que se hicieron al iniciar el Tratado de Libre Comercio. Y todas fueron incumplidas.

Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), ha sido uno de los activistas que se ha opuesto al TLCAN desde su negociación.

“El balance es muy negativo, solamente ha beneficiado a muy pocas grandes empresas exportadoras y a una minoría de no más del 10 por ciento de agricultores del país. Desde siempre, nosotros nos opusimos a que el sector agroalimentario fuera incluido en el TLC, por ser un sector con gran sensibilidad y que traería grandes impactos económicos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad nacional”, sostuvo.

El fracaso de la política pública hacia el campo deriva en un problema de seguridad nacional, cuando –como ocurre- las principales exportaciones de México son la cerveza, el aguacate, el jitomate y el tequila, productos que no son de la canasta básica; pero importa, sobre todo, maíz, carne de cerdo, trigo, soya y leche, todos ellos productos básicos.

“Esto es resultado de la omisión y complicidad de las autoridades mexicanas para favorecer una concentración anticompetitiva en el mercado mexicano que ha perjudicado no solo a los productores, sino a los consumidores, porque ha llegado mucha comida chatarra que nos tiene ahora con

problemas de salud muy graves”, denunció Suárez.

Uno de los sectores más golpeados ha sido el de la producción de leche.

Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, comentó que desde la firma del TLCAN han desaparecido más de 600 mil productores, pues ha sido más redituable para las empresas comprar sueros de leche y hacerlos pasar como leche –con un costo de 2 pesos por litro- que comprar leche de vaca –a 6 pesos por litro-, lo que ha eliminado casi toda la producción nacional.

“México desmanteló al sector agropecuario, privilegió a algunas empresas, y hoy estamos en el sector agropecuario en una actividad ruinosa, estamos quebrados. Los productores de leche, la mayoría, estamos quebrados, esperanzados año con año a que cambien las cosas, pero así nos vamos acabando”, expresó.

Otra práctica que nació con el Tratado, expuso González, fue que se permitió que intermediarios o coyotes hicieran grandes negocios al pagar poco a los productores, por lo que la ganancia para ellos es mínima.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, destacó que a raíz de la crisis que sacude cada vez más a las familias del campo, ha ido creciendo la desigualdad, lo que ha abonado a que existan mayores condiciones para la violencia y la inseguridad.

“Uno de los saldos más negativos del TLC es el desempleo; y como consecuencia de eso, la violencia y la criminalidad que vivimos en el medio rural, que es algo que antes no vivíamos y que ahora está desatada”.

El líder campesino insistió que no todo lo malo se le puede atribuir al TLCAN, sino a la política pública hacia el campo.

Renegociar, una oportunidad

Los líderes del sector agropecuario coinciden en que la postura de Donald Trump de revisar y renegociar el TLCAN se presenta como una oportunidad para mejorar las condiciones del campo mexicano.

“Es una tragedia que el gobierno mexicano ahora sí diga que está dispuesto a renegociar el TLC, no por escuchar a la gente, a los ciudadanos, a los campesinos, sino porque lo obliga un presidente fascista, autoritario, xenófobo, un presidente que es enemigo del pueblo mexicano.

“Esa es la tragedia; pero frente a ese hecho, ese TLCAN tiene que cancelarse y tiene que renegociarse otro, pero en condiciones de respeto a la soberanía alimentaria, en consulta con los sectores productivos y sociales (…) es una oportunidad”, subrayó Víctor Suárez.

Para Juan Arizmendi, presidente de la Unión Nacional de Productores Pecuarios, es necesario revisar el Tratado pero también mejorar lo que se hace al interior del país.

“Se debe dar mayor solvencia a los productores mexicanos, que los precios estén arriba del costo de producción, porque a veces no les sale, y así no pueden ser competitivos. Por eso es más caro producir aquí que importarlo; pero eso se debe revisar. Debemos tratar que México sea autosuficiente al 100 por ciento”, consideró.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón Nacional, consideró que la postura de Trump abre una posibilidad para reconstruir las instituciones mexicanas encargadas de procurar el bien del campo y los campesinos, además de replantear la necesidad de producir insumos nacionales, mejorar la comercialización y el financiamiento.

“Es una oportunidad para reconstruir también la fabricación de insumos, particularmente fertilizantes y semillas, que el Estado debe ser un participante activo en su producción; también debe haber otra política de acopio y comercialización de productos; y se debe volver a creer en la agricultura, darle más financiamiento.

“No estamos hablando de cerrarnos, de cancelar los flujos comerciales, tampoco de poner aranceles a la totalidad de los productos; simplemente lo que estamos exigiendo es que el Estado mexicano vuelva a ver en el sector agroalimentario un campo estratégico, fundamental para reducir los niveles de pobreza, de desnutrición, y como motor de prosperidad”, sentenció.

Los líderes sociales coinciden en que el Gobierno mexicano debe impulsar una reforma al campo para realizar los cambios al interior, antes de emprender la renegociación del TLCAN o la firma de cualquier otro tratado comercial.

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