Aún siguen conflictos de expropiación y pago de predios por construcción del Arco Norte

Cobijados por un proceso ilegal de ocupación previa, realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), algunos comisariados ejidales se quedaron con el pago de sus representados o lo entregaron incompleto; a la fecha, con ésta y otras anomalías, como la falta de expropiación de tierras y el incumplimiento de compromisos del Grupo Carso, personas afectadas y dependencias federales aún lidian a siete años de haber sido inaugurado el Arco Norte en Tlaxcala.

En enero de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó el corte del listón del tramo Ixtacuixtla–Calpulalpan, el cual significó una inversión de casi mil millones de pesos. En el acto, ensalzó que esta vía representa mayor crecimiento económico e inversión, más posibilidades de comercio, de producción; además de empleos y mejores ingresos, principalmente para las familias de esta entidad y de Hidalgo.

Pero desde el inicio del proyecto en 2002 a la fecha, propietarios de terrenos todavía no han recibido el pago ni la indemnización por la invasión de éstos para la construcción de esta autopista de cuota.

Edilberto Castillo Castillo, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC) en el estado, dio a conocer que existen varios casos en los que ejidatarios no recibieron el dinero correspondiente por la ocupación de la superficie.

“Lo cierto es que la SCT hizo las cosas mal, porque pagó a los comisariados en turno y el procedimiento de convenios de ocupación previa, establecido en la Ley Agraria, dice que el finiquito se debe realizar a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) o previa asamblea que autorice hacerlo directamente al comisariado. No fue así”.

En Villalta (municipio de Tepetitla), el comisariado recibió cerca de un millón 300 mil pesos “y –subrayó– se quedó con todo. Les extendieron un cheque personalizado. Eso debieron haber cuidado los de la SCT”, que en ese tiempo tenía como director en Tlaxcala al panista Alberto Cano Cortezano.

Los ejidos de Sanctórum, Pipillola y Mitepec enfrentan esta problemática; sólo pudiera salvarse Alpotzonga, pues el comisariado “fue más justo y distribuyó lo más que pudo, aunque debió entregar 130 mil pesos a cada productor y en la práctica les dio 50 mil”.

El líder cececista anotó que hubo señalamientos en contra de “gente de SCT que supuestamente pidió el diezmo, pues hubo cantidades grandes que nunca llegaron a los ejidatarios. Este proceso estuvo manoseado”.

Aseveró que este problema es resultado de un presunto contubernio entre comisariados y funcionarios de la dependencia federal en 2007.  “Hicieron un cochinero, pero ya está hecho”.

Al respecto, Hortensia Martínez Olivares, actual directora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tlaxcala, afirmó que la dependencia atiende este caso, pues “sabemos que es un problema que viene desde el gobierno pasado”.

Aseguró que ha establecido acercamiento con los ejidatarios; incluso –destacó– hay personas a las que ya se les ha pagado de alguna manera. Quiero aclarar que en su momento sí se les pagó, que hubo situaciones que ahí, a lo mejor representantes, que no les hicieron llegar el recurso, será otra cosa”.

En coordinación con las delegaciones de la Procuraduría Agraria (PA) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “estamos apoyando para que precisamente la gente que dice que no se le pagó y demás, vea cuál es la situación, pero en realidad está liquidado”.

Al respecto, Francisco Cuéllar García, delegado de la PA, puntualizó que en el caso Arco Norte son varios ejidos los afectados: San Francisco Mitepec, municipio de Españita; San Antonio Calpulalpan, Villalta, Tepetitla; Francisco y Madero, de Nanacamilpa; Sanctórum, y tres de Ixtacuixtla: San Gabriel, Popocatla y Alpotzonga, pues la carretera atraviesa gran parte del estado de Tlaxcala.

Explicó que en la pasada administración se suscribieron alrededor de 300 convenios de ocupación previa, repartidos en todos los ejidos, los cuales tienen vigencia de 10 años, “por lo que están en tiempo”.

La PA verificará que cada uno se encuentre debidamente constituido, que no carezcan de ningún requisito que exige la ley. “No puede haber margen de error”, a efecto de que pos-teriormente se realice la petición de expropiación por parte de SCT.

Pero reconoció que el problema es la integración de los convenios, pues si faltara algún documento habrá que reponerlo. “Se tienen programadas reuniones entre la SCT, la PA y ejidatarios a fin de avanzar en este punto y tener la misma información, de lo contrario esto no va salir, de por sí es un procedimiento tardado, de ahí que se busca acortar tiempos coadyuvando cada parte”.

La SCT integrará todos los expedientes para dar paso a la solicitud del procedimiento expropiatorio, agregó.

Los otros pendientes

Francisco Cuéllar confirmó que no se ha adquirido legalmente el derecho de vía sobre la autopista Arco Norte o Libramiento Norte de la Ciudad de México, por lo tanto, a los ejidatarios “no se les ha indemnizado porque ni siquiera se ha iniciado este proceso, pero una vez que comience se determinará el precio de las tierras y se tendrán que pagar”.

“La administración pasada detuvo muchas cosas y ahorita la instrucción que tenemos por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través del titular de la Sedatu y del procurador Agrario, es sacar los temas pendientes, lo que nos dejaron mal. No es una situación exclusiva de Tlaxcala, es en todo el país, pues hay problemas similares. Se descuidó lo esencial, que es el campo”, observó.

Indicó que no todos los ejidos se han acercado a la PA, pero a los que han recurrido a la delegación se les ha explicado el procedimiento a seguir; “vamos muy de la mano con ellos”.

“El pago está garantizado y será justo. Entiendo que el desarrollo es necesario, pues el estado no tiene recursos naturales y hay mucha migración hacia Estados Unidos”, indicó.

En tanto, Hortensia Martínez refirió que lo que en seis o nueve años “no se hizo, lo estamos realizando ahorita. Se trata de trabajos que en determinado momento fueron comprometidos, “a lo mejor por la propia empresa, no sabemos”, observó.

Por ello, la SCT efectúa un análisis, de ahí que ya se reunió con la firma concesionaria y “vamos a ver qué es lo que corresponde a ellos y qué es lo que ellos determinan”.

La delegación trabaja en el procedimiento de expropiación y ha celebrado reuniones con los afectados, a las que regularmente asiste un grupo de hasta 100 personas y sus representantes, acentuó la funcionaria.

“No sabemos qué hizo o qué dejó de hacer la pasada administración, pero estamos tratando de dar solución, no es una situación fácil, pues fue en otra época; sin embargo, nuestra obligación es atender la solicitud de los ejidatarios”.

A su vez, Edilberto Castillo expuso que existen varios compromisos contraídos por Grupo Carso que están “atorados”, sin avance alguno, como la construcción de puentes para conectar a los terrenos agrícolas.

Y es que con el trazo de la autopista, hay ejidos que se “quedaron encerrados”. En Nanacamilpa, la dueña de una parcela “no puede pasar con implementos porque solamente  le dejaron dos metros”.

El domingo pasado se llevó a cabo una reunión con las personas perjudicadas por esta problemática, “pero se está trabajando en ello y si no pues vamos a ver qué hacemos para que la empresa cumpla”.

En este tenor, mencionó que se han planteado dos alternativas, la primera es el cierre del Arco Norte y la segunda pedir la restitución de la tierra ocupada desde hace varios años para la construcción de esta carretera.

Hasta el momento, el Grupo Carso no ha dado ninguna respuesta a la petición de la CCC, por lo que la organización ha buscado establecer comunicación con la dirección general de Desarrollo Carretero, área de la SCT, informó.

“Hemos estado insistiendo en una entrevista con el director, pues nos da la impresión de que tienen hasta temor a esa empresa para tomar decisiones”, añadió.

Castillo Castillo mencionó que la CCC agotará la solicitud de la entrevista con representantes de esa área de la SCT en la Ciudad de México, para decidir el camino que seguirá en esta lucha. Reconoció que el proceso de solución es “muy tardado”, sin embargo, en el caso de la expropiación “vamos muy bien, pues la delegada de la SCT ha mostrado voluntad para atenderlo”.

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